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Por Luis Enrique Rivas
REGIDORES PIENSAN QUE SON EMPLEADOS DEL ALCALDE
Leía ayer una columna de la ex diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo donde destacaba la importancia del regidor en la vida municipal. Afirmaba que las regidurías deben ser el eslabón entre lo que la sociedad vive y lo que el gobierno decide.
Es muy clara en su planteamiento: los regidores no tienen presupuesto para obras, pero su poder está en aprobar y vigilar el presupuesto, exigir cuentas a los alcaldes y aprobar o rechazar nombramientos. Sin embargo, no todos lo entienden. Señala Ana Lilia que, si un regidor asume su papel con vocación pública, puede convertirse en el primer respondiente de los problemas cotidianos, el puente entre la calle y el presupuesto. Hay quienes ven en el cargo una opción cómoda para hacer “grilla” con sueldo, pero también quienes encuentran en él la oportunidad de servir a sus vecinos, a quienes volverán a encontrar en la calle, en la escuela o en la tienda cuando el cargo termine.
Cuando desde una regiduría se defiende un parque, se condonan pagos o se gestiona la solución de problemas cotidianos, vamos por buen camino. Pero, en muchos casos, los regidores actúan como empleados del alcalde en turno y olvidan que su posición fue otorgada por el voto ciudadano y es a la ciudadanía a quien deben responder. No a las instrucciones del alcalde.
LA KRIPTONITA DE PEDRO MIGUEL
La kriptonita de Pedro Miguel no son los baches ni los montones de basura acumulados en las esquinas. Su verdadera kriptonita es el vacío institucional heredado de las dos últimas administraciones municipales de Morena en Coatzacoalcos.
El alcalde ha llegado a trabajar, a operar y a administrar, pero, sobre todo, a corregir el abandono crónico en el que se encontraban los servicios municipales. Todos queremos resultados inmediatos; sin embargo, ante el olvido padecido, resulta imposible resolver los problemas a gran velocidad.
La kriptonita de Pedro Miguel es, justamente, tener que responder y atender los graves problemas de Coatza. Su kriptonita es la herencia que recibió. El asunto es que, si no logra solucionarlos conforme pasen los meses de su administración, entonces él se convertirá en su propia kriptonita.
SERÁ VERDAD EL COATZA III
El anuncio de que el Nuevo Puente Coatzacoalcos III iniciará su construcción en abril de 2026 es una excelente noticia que promete transformar la dinámica de una región vital. Más allá de las cifras impresionantes —una inversión de 4,600 millones de pesos, 6,390 empleos generados y un ahorro de 40 minutos en traslados— este proyecto representa una apuesta clara y tangible por el desarrollo del sur de Veracruz.
En una zona con intensa actividad industrial y logística, donde los cuellos de botella frenan la productividad y la calidad de vida, este puente de 2.6 kilómetros será mucho más que una estructura de concreto. Será el símbolo de una conectividad renovada, un acelerador económico y un respiro para los casi 455,000 habitantes de la zona, que llevan años padeciendo la congestión crónica.
La planeación detallada, con un presupuesto inicial asignado y un cronograma de tres años, transmite seriedad y compromiso. No es una promesa vaga, sino un proyecto con fechas y montos definidos, que conectará estratégicamente la avenida 2000 con la crucial carretera Transístmica.
Esta es la infraestructura que demanda el México del presente: obras que unen territorios, dinamizan economías regionales y mejoran la vida cotidiana de las personas. El Puente Coatzacoalcos III es una inversión en eficiencia, seguridad y progreso compartido. Su construcción no solo acortará distancias; acercará a la región a un futuro con mayor competitividad y bienestar. Una obra necesaria, por fin en el horizonte.
VOLVERÁN A HACER LA OBRA
El escándalo del tramo Pajapan-Cerritos es el clásico caso de corrupción que opera con total impunidad: recursos federales gestionados por Esteban Bautista cuando era diputado federal terminan en una obra deficiente ejecutada por Consultores en Ingeniería de Xalapa S.A. de C.V. Ahora, el ORFIS, tras una nueva opinión técnica, lleva el caso a la Fiscalía Anticorrupción para perseguir un daño patrimonial.
Lo crucial aquí es el mecanismo de justicia que se activa. No se trata solo de una auditoría, sino de una acción penal que busca obligar a la empresa a repavimentar con dinero propio, del kilómetro 19+720 al 21+690. La denuncia ciudadana (carpeta 671/2024) fue el detonante, demostrando que la vigilancia social es fundamental.
Este proceso es una prueba de fuego. Si la Fiscalía actúa con contundencia, enviará un mensaje claro: la corrupción en obra pública ya no será un mero desfalco impune, sino un delito que se paga dos veces: con la cárcel y con la obligación de corregir, con fondos privados, el perjuicio causado a una docena de comunidades. La justicia exige que el pavimento dure más que la impunidad.
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