En Coatzacoalcos dejará de operar el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Material Familiar, por lo que los expedientes serán redistribuidos al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar.
Lo anterior representa un retroceso para las familias veracruzanas, pues este y otros 28 juzgados del Poder Judicial del Estado van a cerrar, esto luego de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, decidió hacer una reingeniería y optimizar recursos, con lo que supuestamente se van a ahorrar 22 millones de pesos.
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La organización Abogados del sur de Veracruz, afirmaron que lejos de privilegiar la justicia pronta y expedita habrá mayor carga de trabajo, mientras que las resoluciones tardarán años en los expedientes.
Fausto Vicente Torres Pérez dijo que el fin no justifica los medios y adelantó que el acceso a los defensores también será restringido.
“Bajo el supuesto de austeridad y presupuesto que supuestamente será usado en la creación de los nuevos Tribunales de justicia laboral están cerrando dos juzgados familiares en Coatzacoalcos.
Sin embargo, considero que la decisión no es acertada dado que la carga de rezago aumentará. Si ya de por sí con el tema de la pandemia se ha limitado el acceso a los juzgados familiares ahora con esta medida desatinada provocará mayor agravio a las familias que acuden a solucionar controversias ante dichas instancias”, expresó el integrante de la agrupación.
Además, Torres Pérez explicó que tan sólo al asumir el Juzgado Octavo la carga de trabajo del Juzgado Décimo Cuarto habrá mayor lentitud en la impartición de justicia, ya que esta instancia es de por sí una de las más rezagadas.
Incluso, el litigante reveló que en el Juzgado Octavo han sido discriminados abogados y usuarios por parte de su titular, Luis Daniel Ruiz Guerrero, así como de sus subordinados, ya que prácticamente todos los servidores públicos brindan un trato hostil a los litigantes.
“Tardarán siglos en atender, el juez nunca está y cuando llega es a las doce del día. Prácticamente el juez se da a desear. Todo es desde afuera de las instalaciones, no permiten el acceso al juzgado a ningún abogado salvo sus excepciones, hay mucho tortuguismo en los acuerdos”, agregó.
El abogado puso como ejemplo el caso del expediente familiar número 898/2016 promovido por la Señora Sandra Vanesa Montes Ricardez, quien desde el 16 de junio de este año presentó ante dicho juez una promoción solicitando conforme a los artículos 233, 234, 239, 242 y 242 bis fijara una pensión alimenticia y decretara su aseguramiento al advertirse del expediente que el deudor alimentario se ha salido de la fuente laboral para no dar pensión.