A través de un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Bertha Ahued Malpica exhortó al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) para que, por medio de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, implemente un programa integral de acompañamiento, regularización y supervisión, dirigido a todos los establecimientos residenciales no gubernamentales de tratamiento de adicciones (anexos) que operan en la entidad.
El llamado solicita a la instancia gubernamental el estricto cumplimiento de la NOM-028-SSA2-2009 en dichos centros; dar facilidades para que estos espacios de rehabilitación formalicen su registro ante la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) y brindar capacitación enfocada en la protección integral de los derechos humanos de los pacientes, evitando clausuras punitivas indiscriminadas que dejen a la población usuaria sin alternativas de atención.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora señaló que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, el consumo de sustancias en la población de 12 a 65 años aumentó del 10.3 por ciento en 2016 al 14.4 por ciento en 2025.
Respecto a la región Centro-Sur de México, a la cual pertenece Veracruz, esta misma encuesta reporta que el 34.2 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 17 años ha consumido alcohol alguna vez. “Esta realidad ha provocado la apertura masiva de centros informales de internamiento para cubrir la demanda de atención”, explicó la diputada Bertha Ahued Malpica.
Diputada Bertha Ahued lanza exhorto a regularizar centros de atención
Por su parte, la Comisión Estatal Contra las Adicciones estima la existencia de más de 300 “anexos” operando al margen de la ley en territorio veracruzano. Sin embargo, de acuerdo con el Directorio de Establecimientos Residenciales reconocidos por la CONASAMA, a agosto de 2026 solo dos centros están debidamente registrados y normados en el estado.
La diputada Ahued Malpica recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha alertado sobre la falta de supervisión en estos espacios, lo cual deriva en violaciones sistemáticas a las garantías de los pacientes, como el suministro de medicamentos psicotrópicos sin bitácoras médicas, la ausencia de consentimiento informado —incluso en menores de edad—, el hacinamiento, la incomunicación y diversas restricciones a la libertad que configuran riesgos de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Finalmente, reconoció la labor de rescate social que realizan las comunidades y colectivos civiles en aquellos sectores donde las capacidades institucionales se ven rebasadas. “Con este llamado no se pretende castigar, criminalizar o inhibir a quienes buscan genuinamente apoyar la salud mental. El objetivo central es salvaguardar la dignidad humana, previniendo la violación de derechos fundamentales, tanto del personal que atiende estos centros, como de los pacientes en proceso de recuperación”, concluyó Bertha Ahued Malpica.
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