La constructora brasileña Odebrecht habría corrompido a autoridades laborales del estado de Veracruz, particularmente las de Coatzacoalcos, pues la empresa se ha negado a pagar un millonario laudo a un grupo de ex trabajadores despedidos injustificadamente desde el 2014.
Los cómplices en esta trama serían funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje 15, dependiente de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP).
Proyecto de Braskem Idesa generará 5 mil fuentes de empleo
Invierno comienza este 21 de diciembre
De acuerdo al expediente 971 de ese año, Javier Martínez Hernández, Jesús Girón Ramos, Josué López y otras seis personas interpusieron una demanda laboral en contra de Odebrecht, Braskem-Idesa, Grupo Idesa y de otras empresas.
Seis años después de haber sido despedidos en octubre del 2020, los agraviados ganaron el laudo y Odebrecht tramitó una serie de amparos. Mientras eso sucedía, los trabajadores solicitaron a través de su abogado que se depositara el recurso en disputa, lo que dio lugar al embargo de cuentas bancarias en Banorte.
Denuncian que Odebrecht sobornó a Junta de Conciliación
A pesar de que la constructora perdió el amparo, desde entonces no se ha pagado el laudo, ya que han surgido una serie de trabas en complicidad con el banco y la junta. Incluso, el representante legal de dicho banco y de Odebrecht era la misma persona, según investigaron los propios demandantes, quienes ya preparan denuncias penales por obstruir la justicia.
La Junta de Conciliación 15 con sede en Coatzacoalcos, por su parte, alega a través de la presidenta Selene Elizabeth Guzmán Matuzhima que no tienen personal para darle curso al asunto.
“¿Es falta de personal o hay algún vestigio o sospecha de corrupción. En este caso a mí me preocupa que mis representados queden desamparados porque hasta el momento no se ha logrado ejecutar el laudo por intereses que en este caso son de Odebrecht”, expresó el abogado de los demandantes, Fausto Vicente Torres Pérez.
Según el resolutivo, Odebrecht fue condenada a cubrir lo correspondiente a salarios caídos, indemnización constitucional, prima vacacional y de antigüedad a los nueve trabajadores que ganaron el pleito por despido injustificado.
Al respecto, el litigante pidió la intervención de la Secretaría del Trabajo, Dorheny García Cayetano, pues advirtió que hay una actitud de parcialidad a favor de la empresa y no de los ex trabajadores, a tal grado de que los servidores públicos de la Junta 15 le han negado las copias certificadas del expediente y la actualización de intereses moratorios argumentando la falta de personal para atender su solicitud, pues afirman que desde la STPSyP les han dicho que no hay para ampliar la nómina.
“Desde hace dos años no puede ser que este laudo no se haya podido ejecutar, el pretexto no es el amparo porque la subsistencia nunca la depositaron y la suspensión quedó sin efecto alguno, se tuvo que ejecutar el laudo dado que no cumplieron con uno de los elementos del amparo para poder paralizar la ejecución del laudo. Por eso de ahí que sea obligación de la junta de ese momento en cause estado el laudo lograr la ejecución íntegra del laudo a favor de los trabajadores”, manifestó.