La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mediante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, inició una investigación contra 4 funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) por manipular contratos de perforación y terminación de pozos petroleros que ascienden a más de 30 mil millones de pesos.
La investigación inició a partir de una denuncia en contra de Víctor Hugo Moreno Morales, coordinador especialista, Antonio Zamarrón Galván, gerente de ingeniería y Héctor Osorio Herrera, gerente de servicios, todos del área de ingeniería e intervenciones a pozos del activo de exploración Marino Sur. También se investiga a Olga Cantú Rodríguez, subdirectora de administración de portafolio de Exploración y Producción en PEP.
Los señalados son acusados de favorecer ilegalmente a empresas de servicios petroleros, lo que habría generado un millonario daño al erario al incrementar costos y tiempos en la perforación de pozos. La denuncia señala que, en diversos contratos de servicio a pozos, los tiempos de ejecución se extendieron de manera injustificada, lo que derivó en sobrecostos que duplicaron o triplicaron el presupuesto original.
Además, la indagatoria de las autoridades ha identificado que la red de corrupción denunciada favoreció modelos de contratación que dispersan la responsabilidad entre múltiples proveedores, dificultando la transparencia, el control y el seguimiento de los proyectos. Tabasco Hoy pudo confirmar que, desde diciembre del año pasado, las autoridades federales auditan múltiples contratos de servicios integrales de perforación, terminación y reparación de pozos marinos y terrestres. El énfasis de las autoridades está en aquellos contratos que fueron validados técnicamente por integrantes de esta presunta red delictiva.
Según el expediente 2024/Pemex/DE815, los funcionarios otorgaron ventajas y beneficios a varias empresas nacionales y extranjeras al amparo de los Acuerdos Referenciales (ACREF). De acuerdo con la investigación en curso, los funcionarios de Pemex alargaron deliberadamente los tiempos de perforación de pozos, inflaron costos hasta triplicarlos y operaron con información incompleta e inexacta, omitiendo costos logísticos esenciales.
Las irregularidades detectadas incluyen asignación discrecional de pozos a perforar, ocultamiento de costos y precios reales, pagos excesivos e injustificados en campos clave como Nanik, Sihil, Konen, Pokche, Iklum, Bakté, Sitio Grande y Amextlan. El retraso en los tiempos de entrega de los pozos afectó directamente la producción diaria de Pemex y negativamente los ingresos que el gobierno de México obtiene por la comercialización de los hidrocarburos.
En caso de confirmarse su responsabilidad, los funcionarios denunciados enfrentarán sanciones conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debido a violaciones a los principios de objetividad, honradez y rendición de cuentas en el servicio público. Además, las acciones de estos funcionarios podrían ser denunciadas ante la Fiscalía General de la República por conductas constitutivas de delito.
Esta investigación se desarrolla en un contexto crítico para Pemex, cuya producción diaria de hidrocarburos cerró diciembre de 2024 en 1.62 millones de barriles diarios, un 12 % menos que en 2023. Además, en el mismo periodo, la producción de crudo cayó a 1.35 millones de barriles diarios, su nivel más bajo en más de 40 años, lo que agudiza la crisis financiera de Pemex que mantiene una deuda a corto plazo con sus contratistas por más de 20 mil millones de dólares.
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